En Honduras el desplazamiento forzado interno es un fenómeno que se ha incrementado en la última década, produciéndose desplazamientos colectivos y simultáneos debido a diversos factores entre ellos la pobreza, falta de seguridad, alto índice de muerte de mujeres, violencia doméstica, sexual, ignorancia, impunidad, retardo de justicia y tolerancia hacia la corrupción.
Es por ello que se hace necesario no sólo conocer la normativa que ampara a una persona víctima de desplazamiento forzado sino también formular una propuesta coherente con el sistema jurídico, la institucionalidad y los principios de atención a las poblaciones históricamente vulnerables, particularmente las mujeres, comunidad LGTBI y personas defensoras de derechos humanos.
Esta propuesta no pretende ser un producto acabado, sino una serie de principios y directrices que permitan al Estado brindar una mayor atención a la población desplazada, que resulte coherente con sus condiciones históricamente diferenciadas.
La idea es contar con un insumo operativo que se titule: “PROTOCOLO DIFERENCIADO DE ATENCIÓN AL DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO PARA MUJERES, COMUNIDAD LGTBI, DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS” como un esfuerzo desde la sociedad civil, a fin de que el Estado garantice la justicia restaurativa a las víctimas.
Esta investigación ha sido realizada por Jenny Almendares bajo la facilitación del Grupo de Sociedad Civil y con el apoyo de USAID y PADF.
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