El Grupo Sociedad Civil (GSC), en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, comunica a la ciudadanía hondureña y a la comunidad internacional lo siguiente:
1. Condenamos la persistencia de la violencia letal contra las mujeres en Honduras.
A 2025, el país registra más de 320 feminicidios en el año, un incremento respecto a 2024. La mayoría de estos crímenes permanecen en la impunidad, con niveles de esclarecimiento inferiores al 10%.
El feminicidio es la expresión más extrema de un sistema que normaliza la violencia contra las mujeres. El Estado tiene la obligación jurídica y ética de prevenir, investigar, sancionar y reparar.
2. Alertamos sobre el impacto desproporcionado de la violencia, pobreza y falta de oportunidades que empuja a miles de mujeres hondureñas a migrar.
En 2025, más del 35% de las mujeres migrantes reportaron haber salido por razones vinculadas directamente a violencias machistas, amenazas criminales o falta de protección institucional.
Asimismo, las mujeres representan ya más del 50% de personas retornadas en condición de vulnerabilidad, muchas de ellas madres jóvenes, víctimas de trata, violencia sexual o desplazamiento forzado.
3. Denunciamos el aumento de la violencia digital y el hostigamiento político contra las mujeres en el contexto electoral de 2025.
Las campañas de desinformación, discursos de odio, ataques misóginos y amenazas han sido utilizados como mecanismos para inhibir la participación de mujeres lideresas, periodistas, defensoras y candidatas.
Recordamos que la violencia contra las mujeres en política constituye una violación directa a los derechos humanos y afecta la calidad democrática del país.
4. Manifestamos preocupación por la insuficiente representación de mujeres en espacios clave de toma de decisiones públicas.
En un contexto donde se discuten políticas de seguridad, migración, economía y justicia —todas con alto impacto en la vida de las mujeres—, persiste la exclusión de expertas, defensoras y organizaciones feministas en los procesos institucionales.
La democracia no puede consolidarse sin la participación plena, igualitaria y segura de las mujeres.
5. Nos solidarizamos con las mujeres sobrevivientes de todas las formas de violencia.
Acompañamos a quienes han sido víctimas de feminicidios en grado de tentativa, desplazamiento forzado, violencia doméstica, violencia sexual, trata de personas o violencia económica.
Su resiliencia es un recordatorio de que la protección estatal debe ser integral, accesible y efectiva.
6. Exigimos al Estado hondureño garantizar condiciones reales para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
Demandamos:
- Fortalecimiento institucional de investigación criminal con enfoque de género.
- Presupuestos suficientes para prevención, atención y protección.
- Mecanismos de reparación y justicia para víctimas y sus familias.
- Garantías efectivas para la participación política libre de violencia.
- Acciones concretas para atender causas estructurales de la migración femenina.
La violencia contra las mujeres es un problema de Estado, no un asunto privado.
Sin justicia, no hay democracia.
Sin igualdad, no hay desarrollo.
Sin respeto, no hay futuro.
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